"La Plaza es de las Madres y no de los cobardes..." dice una vieja consigna del movimiento de derechos humanos, acuñada en miles de rondas en torno a la Pirámide de Mayo y en centenares de marchas.
Escribe: Marcelo Parrilli, presidente del CADHU
Así, se puso siempre una valla entre los luchadores por los derechos humanos, con las madres y familiares de los desaparecidos como vanguardia, y los genocidas, los traidores de todo tipo y también los oportunistas de los derechos humanos.
Oportunistas, precisamente, hubo muchos desde 1983 en adelante.
El primero de ellos fue Raúl Alfonsín. Hábilmente, este radical que nunca había hecho nada por los derechos humanos, que jamás presentó un habeas corpus por un desaparecido o un preso político, que se negó a firmar una sola solicitada pidiendo por la aparición con vida de los miles de desaparecidos y que jamás pisó la Plaza de Mayo desde el 24 de marzo de 1976 hasta que asumió la presidencia el 10 de diciembre de 1983, se “apoderó” del reclamo de justicia, de juicio y castigo a los genocidas y con ello fundamentó gran parte de su triunfo electoral de 1983.
Después, su política de derechos humanos, terminó en las nefastas leyes de punto final y obediencia debida que garantizaron durante años la impunidad a los genocidas. Menem completaría la obra con sus indultos a Videla y otros criminales de la dictadura, en 1989.
Con Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández ahora, asistimos a un nuevo modelo de oportunismo en materia de derechos humanos que, como característica particular, va mucho más allá que el alfonsinismo.
El ex presidente y la actual mandataria jamás prestaron atención alguna a los reclamos por los derechos humanos y durante la dictadura formaron parte del coro de civiles que adornó la gestión de los militares en Santa Cruz. Tampoco presentaron ningún habeas corpus ni fueron a ninguna movilización por los derechos humanos. Pero no bien llegaron al poder, se lanzaron a una desenfrenada carrera por apoderarse de las banderas históricas de esa lucha.
Es que apropiarse de ellas era apoderarse de la principal bandera de lucha de las masas de las últimas décadas en nuestro país.
Los Kirchner nos hablaban de los derechos humanos del pasado y se atribuían conquistas como la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, que eran fruto de la lucha de miles durante años y del rol que jugó Patricia Walsh. Mientras tanto, reprimían brutalmente a los trabajadores petroleros en el norte de Santa Cruz, apaleaban y mandaban a procesar a los trabajadores del Hospital Francés, desaparecía Julio Jorge López, y Sobisch, aplicando la política nacional de los Kirchner, fusilaba a Carlos Fuentealba. Perseguían, además, a los trabajadores del casino flotante, del subte y otros luchadores.
Toda esta maniobra, que puede resumirse en que el kirchnerismo utiliza la bandera de los derechos humanos como negocio político para tratar de encubrir frente a las masas la política de derecha que aplican en materia económica y social trae, a su vez, un nuevo peligro.
Es que los Kirchner utilizan los derechos humanos como una suerte de escudo legitimador para imponer toda su política aun cuando la misma sea resistida por enormes sectores de la población, como ocurre con las retenciones a los pequeños productores agrarios. Y como tratan de imponer su política de saqueo hacia los más débiles con autoritarismo, patotas, amenazas y corrupción, esto genera un repudio popular todavía mayor.
Y el peligro es, precisamente, que el repudio hacia el kirchnerismo se extienda también hacia la heroica lucha que durante décadas llevaron adelante miles de luchadores. En concreto, que el repudio hacia el gobierno se convierta en repudio hacia la legítima causa de los derechos humanos y hacia organismos como Madres, Abuelas y otros. Debemos tener en cuenta además que, aprovechando esta brecha que le abre el gobierno, la derecha encuentra campo propicio para tratar de desacreditar a las organizaciones de derechos humanos y su lucha de conjunto.
Por todo eso, más allá de la lamentable cooptación de las conducciones de algunos de esos organismos por el gobierno, y más allá de lo penoso que resulta ver a Hebe de Bonafini pidiendo cárcel y persecución para los chacareros, debemos tener en claro que esos organismos y esa lucha le pertenecen al pueblo argentino y fundamentalmente a los miles que, en muchos casos dando su vida, enfrentaron a la dictadura.
Y precisamente por esto debemos movilizarnos y denunciar esta nueva maniobra del kirchnerismo. Debemos hacerlo en defensa de los derechos humanos, de las organizaciones populares de derechos humanos que levantaron esas banderas y de la lucha de miles durante largos y durísimos años por lograr el juicio y castigo a los genocidas.
