Sigamos la lucha por la nulidad de los indultos a todos los genocidas
Escribe: Marcelo Parrilli Presidente del CADHU
Hace pocos días la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del decreto de indulto 1002/89 dictado por Carlos Menem el 6 de octubre de 1989. Lo hizo en una causa seguida contra Santiago Omar Riveros, ex Jefe del Comando de Institutos Militares, con asiento en Campo de Mayo, responsable de gravísimas violaciones a los derechos humanos y uno de los “abanderados” de la nefasta “doctrina de la seguridad nacional”.El fallo fue de cuatro votos por la anulación, dos en contra y una abstención. La ajustada votación responde a que, en realidad, ya en el año 1990 la Corte Suprema, con otra composición mayoritaria, había declarado la constitucionalidad del indulto dictado a favor de Riveros.Este fallo no significa que el decreto 1002/89 sea nulo en su totalidad. Es nulo solamente respecto de Riveros. Para todos los demás indultados por ese decreto, entre ellos, además de Videla y Massera, Juan Bautista Sasiaiñ, José Montes, Jorge Carlos Olivera Rovere, Albano Eduardo Harguindeguy, Cristino Nicolaides, Luciano Adolfo Jáuregui y Luciano Benjamín Menéndez, el decreto sigue vigente y tendrá que ser derogado en todos y cada uno de los juicios en trámite.En realidad, producto de la lucha y movilización de los organismos de derechos humanos, los familiares de las víctimas y las víctimas directas, en muchos casos, del sistema de terrorismo de Estado, acompañados por las organizaciones políticas democráticas, entre ellas el MST y otras organizaciones de izquierda, los indultos vienen siendo declarados inconstitucionales desde hace ya bastante tiempo por los jueces federales a cargo del juzgamiento de los genocidas.No puede haber ninguna duda en cuanto a que fueron y son esas multitudinarias movilizaciones contra la impunidad y por el juicio y castigo de todos los genocidas las que han llevado a la declaración judicial de la nulidad de los indultos. Y digo esto porque el gobierno actual de Néstor Kirchner se negó y se niega, sistemáticamente, a anular los indultos menemistas cosa que podría haber hecho tanto en el ámbito del Poder Ejecutivo como en el del Congreso de la Nación.La realidad nos da pruebas concretas de esta negativa del kirchnerismo. En efecto, el 6 de agosto de 2003, a poco de haber asumido la presidencia Kirchner, presentamos un pedido directo al presidente de la Nación a fin de que derogara los indultos de Menem. La base del razonamiento es simple: Si los indultos fueron establecidos por decretos del Poder Ejecutivo Nacional también podían ser anulados por esa vía mediante decretos en el sentido contrario. Es más, estos decretos anulatorios sin duda estarían mucho más ajustados a la jurisprudencia y doctrina nacional e internacional sobre la materia y serían absolutamente inobjetables. Después de muchos meses la presidencia de la Nación nos respondió, sin dar fundamentación alguna a su negativa, que no era posible, que la nulidad o derogación tenía que ser hecha por el Congreso de la Nación.Sin embargo, el kirchnerismo tampoco llevó adelante la nulidad de los decretos de impunidad de Menem en el Congreso. Todo lo contrario, se encargó, objetivamente, de defenderlos.Esto quedó claro cuando Patricia Walsh presentó su proyecto de nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida de Alfonsín y de los indultos a los genocidas de Menem. El kirchnerismo se opuso frontalmente a anular los indultos. El eje de su defensa de esos decretos era que “habían sido dictados por un gobierno del PJ”. De esa manera, por la oposición de los diputados kirchne-ristas y otros del PJ, la ley de nulidad que dictó el Congreso tomó del proyecto de Patricia solamente la nulidad del punto final y la obediencia debida dejando de lado, para más adelante, según dijeron, la nulidad de los indultos.Patricia antes de la finalización de su mandato y otros legisladores de otros partidos continuando el proyecto inicial de ella siguieron presentando este pedido de nulidad pero el kirchnerismo se negó siempre, sistemáticamente, a tratarlo, ni siquiera dieron quórum para el tratamiento de los proyectos de anulación.La lucha por la nulidad de estos indultos es fundamental, tengamos en cuenta que estos indultos cubren a los máximos responsables del sistema de terrorismo de Estado y del genocidio. Así como Alfonsín dictó las leyes de punto final y obediencia debida para los cuadros medios e inferiores de las FF.AA., policiales, penitenciarias y de seguridad responsables del genocidio, Menem dictó estos decretos para las cúpulas, tratando de completar así la política de impunidad de Alfonsín.Lo importante, como decíamos antes, es que esta lucha no solamente está en curso, incluso contra la propia política declamatoria y demagógica del gobierno de Kirchner, sino que está resultando victoriosa porque día a día son más las declaraciones de nulidad de los indultos que tienen que hacer los jueces empujados por esa movilización. Hay que continuar entonces esa movilización para imponer esa nulidad más allá de las maniobras de Kirchner y su gobierno y seguir avanzando así con nuestra bandera de juicio y castigo a los genocidas.
Hace pocos días la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del decreto de indulto 1002/89 dictado por Carlos Menem el 6 de octubre de 1989. Lo hizo en una causa seguida contra Santiago Omar Riveros, ex Jefe del Comando de Institutos Militares, con asiento en Campo de Mayo, responsable de gravísimas violaciones a los derechos humanos y uno de los “abanderados” de la nefasta “doctrina de la seguridad nacional”.El fallo fue de cuatro votos por la anulación, dos en contra y una abstención. La ajustada votación responde a que, en realidad, ya en el año 1990 la Corte Suprema, con otra composición mayoritaria, había declarado la constitucionalidad del indulto dictado a favor de Riveros.Este fallo no significa que el decreto 1002/89 sea nulo en su totalidad. Es nulo solamente respecto de Riveros. Para todos los demás indultados por ese decreto, entre ellos, además de Videla y Massera, Juan Bautista Sasiaiñ, José Montes, Jorge Carlos Olivera Rovere, Albano Eduardo Harguindeguy, Cristino Nicolaides, Luciano Adolfo Jáuregui y Luciano Benjamín Menéndez, el decreto sigue vigente y tendrá que ser derogado en todos y cada uno de los juicios en trámite.En realidad, producto de la lucha y movilización de los organismos de derechos humanos, los familiares de las víctimas y las víctimas directas, en muchos casos, del sistema de terrorismo de Estado, acompañados por las organizaciones políticas democráticas, entre ellas el MST y otras organizaciones de izquierda, los indultos vienen siendo declarados inconstitucionales desde hace ya bastante tiempo por los jueces federales a cargo del juzgamiento de los genocidas.No puede haber ninguna duda en cuanto a que fueron y son esas multitudinarias movilizaciones contra la impunidad y por el juicio y castigo de todos los genocidas las que han llevado a la declaración judicial de la nulidad de los indultos. Y digo esto porque el gobierno actual de Néstor Kirchner se negó y se niega, sistemáticamente, a anular los indultos menemistas cosa que podría haber hecho tanto en el ámbito del Poder Ejecutivo como en el del Congreso de la Nación.La realidad nos da pruebas concretas de esta negativa del kirchnerismo. En efecto, el 6 de agosto de 2003, a poco de haber asumido la presidencia Kirchner, presentamos un pedido directo al presidente de la Nación a fin de que derogara los indultos de Menem. La base del razonamiento es simple: Si los indultos fueron establecidos por decretos del Poder Ejecutivo Nacional también podían ser anulados por esa vía mediante decretos en el sentido contrario. Es más, estos decretos anulatorios sin duda estarían mucho más ajustados a la jurisprudencia y doctrina nacional e internacional sobre la materia y serían absolutamente inobjetables. Después de muchos meses la presidencia de la Nación nos respondió, sin dar fundamentación alguna a su negativa, que no era posible, que la nulidad o derogación tenía que ser hecha por el Congreso de la Nación.Sin embargo, el kirchnerismo tampoco llevó adelante la nulidad de los decretos de impunidad de Menem en el Congreso. Todo lo contrario, se encargó, objetivamente, de defenderlos.Esto quedó claro cuando Patricia Walsh presentó su proyecto de nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida de Alfonsín y de los indultos a los genocidas de Menem. El kirchnerismo se opuso frontalmente a anular los indultos. El eje de su defensa de esos decretos era que “habían sido dictados por un gobierno del PJ”. De esa manera, por la oposición de los diputados kirchne-ristas y otros del PJ, la ley de nulidad que dictó el Congreso tomó del proyecto de Patricia solamente la nulidad del punto final y la obediencia debida dejando de lado, para más adelante, según dijeron, la nulidad de los indultos.Patricia antes de la finalización de su mandato y otros legisladores de otros partidos continuando el proyecto inicial de ella siguieron presentando este pedido de nulidad pero el kirchnerismo se negó siempre, sistemáticamente, a tratarlo, ni siquiera dieron quórum para el tratamiento de los proyectos de anulación.La lucha por la nulidad de estos indultos es fundamental, tengamos en cuenta que estos indultos cubren a los máximos responsables del sistema de terrorismo de Estado y del genocidio. Así como Alfonsín dictó las leyes de punto final y obediencia debida para los cuadros medios e inferiores de las FF.AA., policiales, penitenciarias y de seguridad responsables del genocidio, Menem dictó estos decretos para las cúpulas, tratando de completar así la política de impunidad de Alfonsín.Lo importante, como decíamos antes, es que esta lucha no solamente está en curso, incluso contra la propia política declamatoria y demagógica del gobierno de Kirchner, sino que está resultando victoriosa porque día a día son más las declaraciones de nulidad de los indultos que tienen que hacer los jueces empujados por esa movilización. Hay que continuar entonces esa movilización para imponer esa nulidad más allá de las maniobras de Kirchner y su gobierno y seguir avanzando así con nuestra bandera de juicio y castigo a los genocidas.
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